El Gobierno y los gremios de docentes universitarios no alcanzaron un acuerdo en la paritaria de este jueves. El Ejecutivo mantuvo la oferta de aumento salarial del 3%, que los sindicatos rechazaron, y anticipó que aplicará igualmente la suba al sostener que con ella cumple la cautelar judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La reunión comenzó a las 11 y retomó la negociación que había quedado en cuarto intermedio el 1 de septiembre. Según fuentes oficiales y sindicales, no hubo una propuesta adicional al 3% que ya estaba sobre la mesa. Los gremios anticiparon posibles paros continuos y una marcha federal universitaria para mediados de octubre.
Desde Nación señalaron que el incremento será otorgado aun sin acuerdo paritario. La Subsecretaría de Políticas Universitarias tomó como referencia el acuerdo del 10 de junio, que había acumulado una recomposición del 35%, y sumó el 3% ofrecido ahora para sostener ante la Justicia que se cumplen las actualizaciones salariales exigidas.
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Los sindicatos rechazaron ese cálculo y plantearon que la discusión no debe centrarse en un porcentaje aislado, sino en el mecanismo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. Según su interpretación, los salarios deben recomponerse hasta recuperar el nivel que tenían en diciembre de 2023 y estiman que todavía falta alrededor de un 23% para alcanzar ese punto.
La negociación continuará esta tarde con la paritaria de los trabajadores no docentes, convocada para las 15. El Ejecutivo anticipó que mantendrá también allí la oferta del 3%, mientras que los gremios docentes mantienen la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza ante la falta de acuerdo.
El conflicto salarial se desarrolla en paralelo al debate del Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que serán necesarios unos $11 billones durante el próximo año. El Gobierno, por su parte, sostiene que esos fondos representan un incremento nominal respecto de las transferencias previstas para 2026.
