Uruguay enfrenta una nueva etapa en la regulación de fondos ganaderos luego de que cuatro empresas del rubro provocaran pérdidas millonarias a miles de ahorristas. Los inversores confiaron en modelos que prometían rentabilidad fija mediante la compra de ganado, pero el colapso de estas compañías dejó lecciones clave para el regulador.
El primer caso en salir a la luz fue el del Grupo Larrarte, cuyo titular fue imputado por estafa y apropiación indebida tras un esquema que captó USD 12 millones. Luego siguieron República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital, dejando a cientos de inversionistas sin recuperar sus aportes y generando un llamado de atención sobre la falta de control regulatorio sobre estos fondos.
MIRÁ TAMBIÉN | Más de 300 muertos en Pakistán por las inundaciones
En respuesta, el Banco Central del Uruguay (BCU) elaboró un proyecto de ley que busca ampliar su perímetro de regulación. La iniciativa pretende incorporar al control legal todas las operaciones financieras que capten recursos del público, incluso cuando no se realicen mediante la emisión de valores en bolsa, asegurando así que promesas de rentabilidad futura sean supervisadas.
El proyecto define legalmente “operación financiera” siguiendo criterios internacionales, enfocándose en detectar transacciones gestionadas por terceros ajenos al inversor y con promesas de retorno económico. Con esta medida, el BCU podrá exigir requisitos de información y formalidades previas a la captación de fondos, fortaleciendo la protección de los ahorristas.
MIRÁ TAMBIÉN | Ataque ruso en Járkiv dejó cinco muertos antes de cumbre en Washington
La propuesta se plantea como una respuesta directa a los efectos devastadores de las estafas recientes, buscando prevenir que nuevos fondos ganaderos operen sin supervisión. Si se aprueba, marcará un cambio significativo en la regulación financiera uruguaya, alineando las prácticas locales con estándares internacionales y reforzando la confianza de los inversores.
Fuente: Infobae.
