La jueza federal María Eugenia Capuchetti ha citado a indagatoria para el 10 de julio al exministro de Salud, Ginés González García, en relación al caso conocido como «Vacunatorio VIP». González García se enfrenta a los delitos de peculado y abuso de autoridad por su presunta participación en el reparto irregular de vacunas contra el Covid-19 a periodistas y amigos que no estaban en la lista de personas prioritarias.
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La magistrada también ha convocado al director del Hospital Posadas, Alejandro Maceira, para el 29 de junio, y a Marcelo Guille, secretario del exministro, para el 7 de julio. Estos pedidos de indagatoria fueron presentados por los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, quienes acusaron a los exfuncionarios de malversación en la distribución de las vacunas durante la pandemia.
La Cámara Federal ha señalado que también deben investigarse a los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esta medida aún esta pendiente. Entre ellos se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, así como el periodista Horacio Verbitsky. En el momento en que recibieron las vacunas, estas deberían haber sido destinadas únicamente a ciertos grupos prioritarios, requisitos que no cumplían para un acceso preferencial.
La acusación se centra en el retiro de diez vacunas asignadas al Hospital Posadas y su traslado al Ministerio de Salud de la Nación el 18 de febrero de 2021, para vacunar a personas no autorizadas. Además, se señala que González García solicitó que se llevaran vacunas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021, donde se vacunó al expresidente y a miembros de su familia.
Además, se le reprocha a Maceira haber autorizado la aplicación de al menos 35 vacunas asignadas al Hospital Posadas a personas seleccionadas discrecionalmente y por motivos particulares entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021.
La denuncia inicial fue presentada el 22 de febrero de 2021 por el fiscal Guillermo Marijuan y varios diputados nacionales. En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti no consideraron que existiera delito en los hechos, pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso y ampliar la investigación.
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El fiscal Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ha solicitado que se enfoque la investigación no solo en los funcionarios responsables del circuito paralelo de vacunación, sino también en las personas que recibieron las dosis de manera anticipada.
Fuente: La Nación.
