La disputa legal por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo clave con consecuencias financieras y políticas para la Argentina.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, fondo británico que adquirió los derechos del litigio. El fallo se suma a la condena de 2023 que obliga al país a pagar más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses.
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Ante este revés judicial, el presidente Javier Milei anunció que la Argentina apelará la medida y solicitará un “stay” para suspender los efectos del fallo mientras se resuelve la apelación. El país tiene 14 días para depositar las acciones en una cuenta custodia del Bank of New York Mellon, aunque aún no se definió si cumplirá con esa orden. Burford no busca controlar YPF, sino cobrar la indemnización millonaria, por lo que se espera que busque negociar con el Gobierno.
Preska fue contundente en su resolución. Afirmó que el Estado argentino “no hace esfuerzos” para cumplir la sentencia y le ofreció alternativas: lograr una autorización del Congreso con dos tercios, cambiar la ley o llegar a un acuerdo extrajudicial. La jueza está visiblemente molesta con la falta de voluntad de negociación del país, que en más de una década no ha dialogado con los demandantes, ni durante la presidencia de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández o el actual gobierno.
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La reacción en los mercados no tardó: las acciones de YPF se desplomaron hasta un 8% en Wall Street, mientras que las de Burford Capital subieron más de un 20% en Londres. El dólar también reaccionó al alza en Argentina. La preocupación crece no solo por el impacto directo, sino por el efecto en las operaciones futuras de la petrolera, que busca liderar el desarrollo de gas natural líquido desde Vaca Muerta y exportarlo desde Río Negro.
La apelación podría demorar al menos un año en resolverse. Mientras tanto, Burford continúa con acciones paralelas para presionar, como pedidos de embargo y demandas que buscan demostrar que el Estado y YPF son una misma entidad. En un contexto internacional delicado y con una industria de financiamiento de litigios bajo la lupa en Estados Unidos, el caso podría transformarse en un punto crítico para la estrategia económica y diplomática del Gobierno argentino.
Fuente: Infobae.
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