Marcelo Rebelo de Sousa devolvió al Parlamento el texto tras un fallo del Tribunal Constitucional que declaró contrarios a la Carta Magna cuatro artículos de la norma
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la nueva ley de nacionalidad después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varios artículos del texto aprobado por el Parlamento. La decisión se formalizó mediante un comunicado oficial en el que el jefe de Estado anunció la devolución de la propuesta sin promulgación, siguiendo lo establecido en la Constitución portuguesa.
El mandatario explicó en una carta enviada al presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar Branco, que su decisión responde a lo dictado por la Carta Magna, que obliga al presidente a vetar cualquier norma declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La revisión del texto fue solicitada por el Partido Socialista, que cuestionó varios artículos de la ley aprobada con los votos de la alianza conservadora del gobierno y la ultraderecha.
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El presidente del Tribunal Constitucional, José João Abrantes, había anunciado el lunes pasado que el pleno de la corte encontró inconstitucionales cuatro normas del decreto parlamentario. Una de ellas, declarada inconstitucional por unanimidad, es la que busca impedir el acceso a la ciudadanía portuguesa a quienes hayan sido condenados a dos o más años de prisión, al considerar que pone en riesgo el vínculo de integración en la comunidad lusa.
También fueron declaradas inconstitucionales las disposiciones sobre la no consolidación de nacionalidad en casos de «fraude manifiesto» y la que establece que la concesión de ciudadanía queda pendiente hasta la entrada en vigor de los cambios legislativos. La cuarta norma cuestionada, aprobada por mayoría de jueces, contempla la cancelación del registro de nacionalidad por conductas opuestas a la integración en la comunidad portuguesa.
El tribunal también objetó modificaciones al Código Penal aprobadas en octubre, que contemplaban la pérdida del pasaporte portugués para condenados a penas de cuatro años o más por delitos graves cometidos en los diez años posteriores a la naturalización. Este no es el primer obstáculo que enfrenta el gobierno conservador de Luís Montenegro en materia migratoria: anteriormente, la ley de Extranjeros con restricciones a la reagrupación familiar también debió pasar dos veces por el Parlamento tras ser enviada al Constitucional por Rebelo de Sousa.
Con información de EFE.
