A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de la Yerba Mate limitó sus funciones al control de calidad y trazabilidad, eliminando regulaciones sobre cosecha, secanza y precios.
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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) formalizó una profunda reconfiguración de sus funciones y dejará de intervenir en la producción y comercialización del sector, al focalizar su actividad exclusivamente en las verificaciones de calidad y el control formal. La medida fue oficializada mediante la Resolución 146/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial y procesada por la Agencia Noticias Argentinas.
La reforma implica la derogación de las resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017, que otorgaban al organismo facultades regulatorias sobre distintos eslabones de la cadena productiva. A partir del nuevo esquema, el INYM no podrá dictar normas que generen distorsiones en los precios de mercado ni establecer barreras de ingreso a la actividad.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la prohibición de cosecha y secanza durante los meses de octubre y noviembre. De este modo, la responsabilidad de respetar los ciclos biológicos de la planta y garantizar la calidad del producto queda en manos de cada operador individual.
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Además, se dejó sin efecto el régimen de inhabilitación inmediata para quienes no presentaran documentación respaldatoria de ingresos y egresos de materia prima al momento de una inspección. En su lugar, se avanzó en una simplificación administrativa que mantiene el control de las declaraciones juradas y la trazabilidad de la yerba mate en plantas y depósitos.
En ese marco, también se modificó el procedimiento sumario previsto en la Resolución 21/2009, eliminando sanciones consideradas gravosas por incumplimientos formales. El nuevo sistema establece un mecanismo de intimación fehaciente previo a cualquier sanción.
Según lo dispuesto, la falta de presentación de tres declaraciones juradas en un mismo año calendario dará lugar a una intimación por cinco días hábiles antes de proceder a la eventual inhabilitación del operador para desarrollar actividades en el sector. El proceso, según los considerandos de la norma, busca agilizar trámites y reducir cargas administrativas sin resignar los controles esenciales.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
