En Esquel, un reciente fallo de un jurado popular reavivó la discusión sobre el consentimiento dentro de las relaciones de pareja y la necesidad de erradicar los estereotipos que perpetúan la violencia de género.
Un reciente veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular en Esquel, en una causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal por abuso sexual contra una mujer cometido por su pareja, volvió a poner en el centro del debate el concepto de consentimiento y las distintas formas de violencia que pueden producirse dentro de una relación afectiva.
Especialistas sostienen que el consentimiento no puede interpretarse únicamente como la ausencia de una negativa expresa, ya que en muchos casos está condicionado por situaciones de desigualdad, miedo o presiones. En ese sentido, advierten sobre la existencia del denominado «sexo consentido pero no deseado», una situación en la que una persona accede a mantener relaciones sin que exista una voluntad genuina.
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El análisis también cuestiona la persistencia de estereotipos de género que asignan al hombre un deseo sexual permanente y a la mujer el rol de poner límites. Desde esta perspectiva, se plantea que esos mandatos culturales pueden influir en la forma en que se interpretan los hechos y dificultar el reconocimiento de situaciones de abuso dentro de la pareja.
«Muchas mujeres acceden a mantener relaciones sexuales no por deseo real o búsqueda de placer, sino por presiones sociales, el deseo de complacer al otro, evitar conflictos o, de manera más alarmante, por miedo», señala el análisis difundido tras el fallo judicial, que propone reflexionar sobre las condiciones en las que se expresa el consentimiento.
En ese contexto, también se destaca que instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará establecen la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Los especialistas coinciden en que, además de las respuestas judiciales, resulta imprescindible promover cambios culturales que permitan construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto por la autonomía de las personas.
Con información del MPF.
