Este miércoles se realizó en los Tribunales de Puerto Madryn la audiencia de apertura de investigación en una causa por presunto abuso sexual contra una menor, en la que el imputado es su progenitor. La audiencia fue presidida por la jueza Patricia Asaro.
Al finalizar la audiencia, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, afirmó que la Justicia convalidó la apertura de la investigación penal y rechazó todos los planteos formulados por la defensa del acusado.
«Ya estamos en pleno proceso penal. Hubo reiterados planteos de oposición por parte de la defensa, entre ellos pedidos de nulidad, suspensión de la investigación y objeciones a la realización de la Cámara Gesell, pero todos fueron rechazados», sostuvo Gallego.
El letrado explicó que, tras la resolución judicial, la querella quedó habilitada para impulsar medidas de prueba de manera inmediata. Entre ellas mencionó el requerimiento de la historia clínica de la menor al Hospital Andrés Isola, la citación como testigo de la abogada Mónica Mun —quien habría recibido el relato de la niña sobre los hechos denunciados— y la fijación de una Cámara Gesell, que se realizará bajo los protocolos nacionales vigentes para este tipo de entrevistas.
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Gallego destacó además que la asesora de menores solicitó que la entrevista se lleve adelante conforme al protocolo nacional, teniendo en cuenta que, según indicó, en este proceso no interviene el Ministerio Público Fiscal como parte acusadora.
Otro de los puntos destacados por el abogado fue la decisión judicial de remitir testimonios y registros de audio a la Procuración General de Chubut para que evalúe la actuación del fiscal Alex Williams.
Según manifestó Gallego, la querella denunció una presunta inacción del Ministerio Público Fiscal durante varios años, lo que, a su criterio, podría constituir incumplimiento de los deberes de funcionario público o derivar en una investigación administrativa.
«La jueza dispuso el envío de copias y audios para que la Procuración General tome conocimiento de lo ocurrido y evalúe la actuación del fiscal», indicó.
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Durante la audiencia, el abogado querellante notificó personalmente al imputado sobre los cargos que se le atribuyen, función que, según afirmó, asumió ante la ausencia de acusación por parte de la Fiscalía.
La imputación comprende los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, calificaciones que, de acreditarse en un eventual juicio, contemplan penas de prisión de significativa gravedad, que podrían llegar a los 20 años de prisión.
Por el momento, la Justicia no dispuso medidas de coerción contra el acusado, aunque quedó formalmente notificado del inicio de la investigación.
Gallego calificó el expediente como un caso novedoso dentro del sistema acusatorio argentino, al sostener que se trata de una querella que impulsa la investigación de manera autónoma ante la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal.
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El abogado también cuestionó la demora en el avance del expediente y afirmó que la denuncia permaneció sin avances durante aproximadamente seis años. En ese sentido, consideró que la investigación sobre el desempeño de la Fiscalía será relevante para determinar si existieron irregularidades en la tramitación de la causa.
Por último, expresó su confianza en que las medidas de prueba que comenzarán a desarrollarse en los próximos días permitan esclarecer los hechos denunciados y avanzar tanto en la investigación penal como en el análisis de la actuación de los funcionarios judiciales involucrados.
«Vamos a avanzar muy rápido en ambos frente y seguramente tendremos novedades en pocos días» concluyó Gallego.
