La fiscalía agravó la imputación e incorporó perjuicios económicos al Estado en una causa por exacciones ilegales y falsedad ideológica.
La investigación contra una empleada del Registro Civil de Neuquén avanzó este martes con la reformulación de los cargos en una audiencia judicial. El Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación por un presunto cobro ilegal vinculado a un trámite de matrimonio y por irregularidades en la confección del acta, a las que ahora se sumaron agravantes y nuevas consecuencias económicas.
Durante la audiencia, el asistente letrado Facundo Bernat explicó que se mantuvieron los hechos originalmente atribuidos, pero se agravó la imputación, especialmente en lo referido a la falsedad ideológica. Según detalló, la acusada habría actuado abusando de su función como oficial pública y generando un perjuicio patrimonial al Estado.
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El primer hecho investigado se remonta al 6 de enero de 2025, cuando la empleada habría exigido a una pareja el pago de $90 mil para concretar el casamiento. De acuerdo con la fiscalía, el dinero fue solicitado bajo el argumento de un error en el sellado y terminó siendo transferido a una cuenta personal de la imputada.
En cuanto al segundo hecho, la acusación sostiene que la mujer consignó datos falsos en el acta matrimonial, al omitir que la ceremonia se realizó a domicilio y no incluir a los testigos exigidos por la normativa vigente. Estas irregularidades habrían implicado no solo una falsedad documental, sino también la evasión de la tasa correspondiente al trámite y la posterior rectificación del acta por parte de los contrayentes.
Finalmente, la fiscalía encuadró la conducta en los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica agravada, en concurso real y en carácter de autora. El juez de garantías Juan Guaita avaló la reformulación de los cargos y concedió una prórroga de tres meses para continuar con la investigación.
