El senador uruguayo Gustavo Penadés solicitó una licencia mientras la Fiscalía lo investiga por denuncias de abuso sexual hechas en su contra por menores, entre ellos una militante de su formación, el oficialista Partido Nacional, informaron fuentes oficiales.
Concretamente, el legislador -que fue acusado públicamente por una militante trans, y luego por otras tres personas, dos de ellas menores- pidió licencia en el Senado a partir del 8 de mayo y hasta el 7 de junio,
La solicitud fue presentada hoy a la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón, y es “por motivos personales”, según un comunicado difundido por la prensa local.
El legislador nacionalista es investigado por la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, por delitos de índole sexual, tras ser acusado públicamente por la militante Romina Celeste Papasso en marzo pasado.
La denunciante aseguró a un programa televisivo haber mantenido dos veces relaciones sexuales con Penadés cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.
Según afirmó, el senador le dio dinero como “regalo” tras el acto. Penadés rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trataba de “un tema estrictamente personal”.
“Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella, lo que no admito es que por tenerla se me pueda acusar de pedófilo”, dijo el hombre de 57 años, quien hasta ese momento no había dicho públicamente que es homosexual.
Ante la denuncia, el senador conservador explicó que se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso, a la vez que anunció que iniciará acciones legales correspondientes «contra todos los participantes activos de estas calumnias».
Tras la acusación pública realizada por Papasso se sumaron las declaraciones de otras tres personas, de las cuales dos son menores de edad, que también acusaron al legislador oficialista, informó el medio local Subrayado.
En ese marco, la fiscal Ghione investiga si Penadés incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, que establece penas de dos a 12 años de cárcel.
Fuente: Télam
