La relatora Especial de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, advirtió que el Gobierno de Daniel Noboa parece haber emprendido una persecución contra movimientos indígenas y organizaciones sociales en Ecuador. La alerta surge en medio de detenciones y bloqueos de cuentas bancarias de líderes indígenas.
Romero señaló que las disposiciones legales usadas por el Ejecutivo no cumplen con los estándares internacionales y urgió a proteger a los participantes en asambleas y reuniones pacíficas. “Ecuador debe proteger los derechos de asamblea y asociación y asegurar un ambiente seguro para el activismo”, afirmó la funcionaria desde su cuenta en X.
Las protestas se originaron por la eliminación del subsidio al diésel y el aumento del precio del galón, de 1.80 a 2.80 dólares. Según el Gobierno, cerca de un centenar de personas han sido arrestadas y podrían ser procesadas por terrorismo. La Alianza de Organizaciones por los DDHH confirmó 68 detenciones y denunció 88 violaciones de derechos humanos, además de 42 heridos durante las movilizaciones.
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Pese a la presión del Ejecutivo, los movimientos indígenas y sociales mantuvieron el paro nacional, que ya cumplió seis días, con bloqueos de carreteras en Pastaza y grandes movilizaciones en la provincia de Imbabura. El viernes, el presidente Noboa descartó retomar el diálogo con los manifestantes.
La relatora de la ONU hizo un llamado específico para que se respeten los estándares internacionales en las movilizaciones programadas y se evite el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. Su pronunciamiento busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de los participantes en las protestas.
Las organizaciones sociales exigen la liberación inmediata de los detenidos y reiteran que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno negocie con los sectores afectados por las medidas económicas.
Fuente: Telesur.
