La Justicia llevó adelante este martes allanamientos en oficinas vinculadas a Gonzalo Carpintero, en el marco de una investigación judicial por un presunto intento de coima a un dirigente gremial.
Según surge de la investigación, Carpintero, quien por el momento es el único imputado, habría ofrecido una importante suma de dinero a un dirigente sindical de peso para promover un conflicto que derivara en la suspensión del próximo inicio de clases. A partir de esta denuncia, la Fiscalía avanzó con distintas medidas de prueba, entre ellas los allanamientos realizados en las últimas horas. El hecho es investigado como un posible delito de cohecho, en el marco de maniobras destinadas a generar desestabilización institucional.
Se trata del sindicalista de ATE José Severiche quien fue fue el que radicó la denuncia ante la justicia y aseguró que Carpintero lo citó en la Pesquera Hemos Triunfado y le ofreció plata 2para que haga quilombo y no empiecen las clases». Carpintero fue detenido en el acceso sur de Trelew, alrededor de las 19:00 horas del martes, frente a la rotonda del Club Huracán en Trelew, donde se le secuestró el celular.
Gonzalo Carpintero no es un desconocido en el ambiente de la provincia, sino que fue condenado ya por enriquecimiento ilícito y corrupción en causas vinculadas al gobierno provincial anterior, donde se desempeñó como funcionario de máxima confianza. En ese proceso, la Justicia acreditó la existencia de un incremento patrimonial injustificado, determinó responsabilidades penales y dispuso el decomiso de bienes obtenidos de manera irregular, en una de las investigaciones más emblemáticas sobre corrupción en la provincia en los últimos años.
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Carpintero es, además, socio de Tato Cereseto, un conocido empresario de la provincia con actividad en el sector pesquero, vínculo que vuelve a quedar bajo la lupa judicial a partir de los procedimientos realizados.
La reiteración de estos nombres en investigaciones judiciales confirma la persistencia de prácticas corruptas y operaciones políticas propias de una etapa que Chubut ya dejó atrás. Maniobras que no solo buscan desestabilizar, sino que pretenden utilizar el conflicto educativo como herramienta de presión, poniendo en riesgo el derecho a la educación, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el futuro de miles de estudiantes chubutenses.
