La Fiscalía investigó mensajes difundidos por menores y remarcó que estas conductas generan consecuencias legales y operativas.
El Ministerio Público Fiscal llevó adelante una serie de allanamientos en Puerto Madryn en el marco de una investigación por amenazas dirigidas a la Escuela de Pesca. Las medidas se realizaron en domicilios de menores de edad que habrían difundido mensajes en los que advertían sobre la posibilidad de concurrir armados al establecimiento educativo.
La fiscal Eugenia Vottero explicó que los procedimientos incluyeron el secuestro de teléfonos celulares y la búsqueda de posibles armas de fuego. El objetivo fue reunir elementos de prueba para avanzar en la causa y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en los hechos que generaron preocupación en la comunidad educativa.
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Desde la Fiscalía señalaron que, si bien en el avance de la investigación se detectó que las amenazas podrían haber sido realizadas como una “broma” o para evitar asistir a clases, este tipo de acciones no son consideradas inofensivas. “Esto no es una broma. Se trata de la comisión de un delito que obliga a activar protocolos, intervenir con personal especializado y destinar recursos públicos para proteger a la comunidad”, sostuvo la funcionaria.
En ese sentido, se destacó que este tipo de situaciones implica la movilización de recursos de seguridad y prevención, además de generar alarma social entre estudiantes, docentes y familias. Por ello, se insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el impacto real de este tipo de conductas.
Finalmente, Vottero recordó que a partir de cambios normativos previstos para septiembre se ampliará el alcance de la responsabilidad penal juvenil, lo que permitirá imputar a menores desde los 14 años. La Fiscalía también remarcó el rol clave de los adultos en la prevención y el acompañamiento para evitar este tipo de episodios.
