El Gobierno presentó un escrito en EE.UU. para frenar la solicitud del fondo Bainbridge, que exige acciones de empresas públicas como forma de pago por un fallo de US$95 millones. La Procuración del Tesoro advirtió que esos activos no pueden embargarse y pidió suspender cualquier decisión hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones.
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La Argentina presentó un escrito ante la jueza estadounidense Loretta Preska para rechazar el pedido del fondo buitre Bainbridge, que pretende ejecutar una sentencia por US$95 millones exigiendo la entrega de la participación estatal en Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. La presentación oficial busca frenar un reclamo que, según el Gobierno, desconoce la legislación local y los límites establecidos por la ley estadounidense para el embargo de activos públicos.
El fondo Bainbridge —que no ingresó a ninguno de los tres canjes de deuda posteriores al default de 2001— sostiene que su fallo, dictado en 2020, tiene prioridad sobre la sentencia por la expropiación de YPF que benefició a Petersen y Eton Park, cuyos beneficiarios reclamaron acciones de empresas estatales. Apoyándose en ese antecedente, Bainbridge pidió a la justicia de EE.UU. embargar papeles de YPF y avanzar también sobre Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
La solicitud del fondo incluía tres pasos: que la Argentina entregara las acciones de las compañías, que dichos activos fueran depositados en una cuenta bancaria de Nueva York, y que luego la entidad financiera trasladara la titularidad a Bainbridge como forma de ejecutar la sentencia. Sin embargo, la Procuración del Tesoro advirtió que se trata de un reclamo inviable.
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Fuentes oficiales explicaron que el escrito remarca que la ley argentina protege las acciones de Aerolíneas Argentinas, de modo que sólo el Estado puede ser titular de ellas. Además, señaló que Banco Nación no posee acciones transferibles, por lo que es legalmente imposible avanzar con el pedido del fondo.
El Gobierno también reiteró que los activos reclamados no cumplen con los requisitos que establece la legislación estadounidense para ser embargados, tal como ya había planteado en el expediente por la expropiación de YPF. Esa posición, recordó la Procuración, fue respaldada por nueve países, entre ellos Estados Unidos.
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Como paso adicional, la Argentina solicitó a Preska que, si decide no aceptar los argumentos del país, al menos postergue cualquier sentencia hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito resuelva el pedido de entrega de acciones presentado por los beneficiarios del fallo por YPF. La decisión podría sentar un precedente clave para causas similares.
Ahora, Bainbridge tiene la posibilidad de responder al escrito oficial antes de que la jueza Preska tome una determinación. El fallo podría definir el alcance de los reclamos de acreedores sobre empresas estatales argentinas y marcar un nuevo capítulo en la extensa disputa judicial derivada del default de 2001.
Fuente: TN
Foto: Archivo
