El ataque a la mutual judía dejó 85 muertos y más de 300 heridos. A 30 años del atentado, los responsables siguen impunes y la justicia no llega.
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicado en la calle Pasteur 633, en el barrio de Balvanera, Buenos Aires.
Una camioneta Trafic blanca, cargada con aproximadamente 400 kilos de explosivos (una mezcla de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal), se estrelló contra la entrada del edificio de la AMIA y explotó. La explosión causó un cráter de seis metros de profundidad y destruyó gran parte del edificio, así como también causó daños significativos a propiedades vecinas.
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El ataque resultó en la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. Las víctimas incluían empleados, visitantes y transeúntes. De las víctimas, 77 estaban dentro de la sede de la AMIA y 18 en la vereda o edificios aledaños.
Desde el momento del atentado, la investigación estuvo plagada de irregularidades y controversias. Inicialmente, se sospechó la participación de organizaciones terroristas extranjeras, y se apuntó a Hezbollah y a funcionarios iraníes como los principales sospechosos.
En 2004, el juez Juan José Galeano, encargado del caso AMIA, tres fiscales y varios altos funcionarios del Gobierno de Carlos Menem fueron acusados de encubrimiento y destituidos de sus cargos tras la absolución y liberación de los primeros acusados.
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Una acción que motivó al entonces nuevo presidente Néstor Kirchner fue la creación de una fiscalía especial para el caso AMIA, dirigida por el fiscal general Alberto Nisman, a quien se le asignó la tarea de esclarecer la verdad sobre los autores del ataque.
El fiscal argentino Alberto Nisman acusó formalmente a Irán y a Hezbollah de planificar y ejecutar el ataque. Sin embargo, hasta la fecha, nadie fue llevado a juicio en Argentina por el atentado.
En 2013, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán para permitir el interrogatorio de los sospechosos en Teherán. Este acuerdo fue altamente controversial y finalmente declarado inconstitucional por la justicia argentina.
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Alberto Nisman, el fiscal especial a cargo de la investigación, fue encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, un día antes de que presentara acusaciones contra la presidenta Kirchner y otros funcionarios por encubrimiento en la causa AMIA. Su muerte fue inicialmente considerada un suicidio, pero posteriormente se reabrió la investigación como un posible asesinato.
El gobierno actual de Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, planteó la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los sospechosos iraníes, una medida que busca avanzar en la búsqueda de justicia a pesar de la falta de cooperación internacional.
Cada 18 de julio, se realiza un acto conmemorativo en la reconstruida sede de la AMIA en Pasteur 633. A las 9:53, se hace sonar una sirena en memoria de las víctimas, reforzando el reclamo de justicia.
