El Gobierno nacional analiza la suspensión de hasta 270.000 pensiones por discapacidad tras una auditoría que detectó domicilios inexistentes o inubicables.
El operativo, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud, forma parte de una revisión integral del sistema que involucra a casi un millón de beneficiarios. Según fuentes oficiales, más de 220.000 notificaciones no llegaron a destino y otras 50.000 no pudieron ser entregadas por razones logísticas.
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Hasta el momento, se enviaron más de 550.000 cartas documento, pero sólo se logró contactar a 280.000 beneficiarios. La medida, según afirman desde la Casa Rosada, apunta a eliminar irregularidades, especialmente en casos donde los pensionados no residen en Argentina o no presentan documentación médica válida. La posibilidad de una suspensión masiva ha generado preocupación en organizaciones sociales y entre los propios beneficiarios.
El Gobierno sostiene que solo mantendrá los beneficios para quienes puedan demostrar su condición con documentación médica actualizada. Para ello, se exige un certificado médico oficial, un resumen de historia clínica y estudios complementarios. Además, se derogó la resolución 187/2025 para dar lugar a un nuevo marco regulatorio que está siendo elaborado con participación de especialistas y organizaciones civiles.
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Desde el Ejecutivo advierten que las pensiones serán dadas de baja si no se logra verificar la existencia y condición del beneficiario. “Si tras la suspensión no hay reclamos, asumimos que había irregularidades”, explicaron desde el entorno oficial. También se anunció que el PAMI se sumará a los controles, y que se cruzarán datos con la Dirección Nacional de Migraciones para detectar beneficiarios que residen fuera del país.
Fuente: TN.
