La investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará un paso importante este viernes con la entrega de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI). El documento será remitido al fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y el crecimiento de su patrimonio.
Según la investigación, una vez finalizada la feria judicial de invierno, el fiscal presentará un requerimiento formal para que Adorni explique el origen de sus bienes y el aumento de su nivel de vida durante su paso por el Gobierno. Ese procedimiento constituye la instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre los puntos bajo análisis figura la existencia de al menos 500.000 dólares que Adorni atribuyó públicamente a inversiones en criptomonedas realizadas en 2014. El exfuncionario sostuvo que esos fondos no habían sido declarados inicialmente y luego fueron incorporados mediante el régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno, aunque esa situación no lo exime de responder ante la Justicia sobre el origen del dinero.
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La fiscalía también solicitó información a las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon para reconstruir los movimientos financieros. Además, se analizan rectificaciones en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni, que reflejaron un incremento de bienes desde 25,6 millones hasta 944,5 millones de pesos tras su salida de la función pública.
La causa también examina distintos gastos y operaciones inmobiliarias atribuidas al exfuncionario, entre ellas la compra de una vivienda y un departamento, remodelaciones, viajes al exterior, vuelos privados y consumos considerados incompatibles con los ingresos declarados durante su gestión.
El informe de la DAFI incluirá un análisis integral de bienes, ingresos, inversiones, gastos, deudas y movimientos financieros, además de una comparación entre las declaraciones juradas y la información obtenida de distintas fuentes. Con esos elementos, el fiscal buscará determinar si existe un desbalance patrimonial que deba ser justificado en sede judicial.
Fuente: Página 12.
