Sin embargo, los ambientalistas sostuvieron que hay «deficiencias en los estudios de impacto ambiental y arqueológico», y afirmaron que «hace diez días hubo un desmonte ilegal en la zona del Río Encajonado, a pocos kilómetros de la capital fueguina, sobre la costa del Beagle».
«Vamos a continuar con los trabajos, incluso recurriendo a las instancias judiciales que hagan falta, porque se trata de la obra de desarrollo más importante de los últimos 20 años”, sostuvo Bertone.
La mandataria fueguina explicó al canal 11 de Ushuaia que la ruta «busca propiciar actividades productivas y favorecer el establecimiento de nuevos atractivos turísticos, que descongestionen los más visitados de la zona».
«Mi sueño es que haya una ruta que recorra la provincia, para poder mostrarla. Eso es lo que hacen los grandes países en el mundo», indicó.
La gobernadora rechazó además las críticas por la tala de árboles y respondió que “se la cuestiona por 22 ejemplares» cuando «fueron plantados 100.000 en la zona de Bahía Torito”, una zona rural afectada por un incendio años atrás.
La tala en Río Encajonado generó una denuncia penal ante la justicia fueguina de parte de Stella Maris Domínguez, representante de la «Asociación Bahía Encerrada», y Nancy Edith Fernández, María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la «Asociación Mane Kenk».
Los ambientalistas denunciaron que operarios de la empresa «Gancedo S.A.», adjudicataria de la apertura de la ruta costera, «estaban en la zona conocida como Corredor Costero Canal Beagle talando especies de bosque nativo y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.
«Los trabajos afectan la vida silvestre de las especies que viven en la zona, como el pájaro carpintero, declarado patrimonio cultural y natural de la provincia, y el huillín, considerado vulnerable por la unión internacional para la conservación de la naturaleza”, enfatizaron los denunciantes.
De acuerdo a la calificación provisoria realizada por el fiscal Fernando Ballester Bidau, los hechos podrían constituir los delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”.
El caso quedó a cargo de la jueza penal de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo.
