La eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel duplicó los precios y desató una ola de protestas sindicales en La Paz y otras ciudades, mientras el Gobierno descarta dar marcha atrás con el decreto.
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Bolivia atraviesa una nueva etapa de tensión social luego de que el Gobierno pusiera fin a la subvención a los combustibles, una política sostenida durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce que obligaba al Estado a importar gasolina y diésel a precios internacionales para venderlos en el mercado interno a pérdida. La medida, adoptada en un contexto de fuerte escasez de divisas y crisis económica, provocó un inmediato impacto en los precios y reavivó el conflicto con los sindicatos.
Con la eliminación del subsidio, el litro de gasolina pasó de costar 0,53 dólares a 1 dólar, mientras que el diésel subió de 0,53 a 1,4 dólares. El aumento golpeó de lleno el costo de vida y encendió el malestar de amplios sectores del movimiento obrero, que consideran la decisión como un ajuste que recae sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Como señal de protesta, 16 trabajadores sindicalizados y dos amas de casa iniciaron este lunes un ayuno voluntario en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia, ubicada en el centro de La Paz. La medida extrema fue respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que mantiene una huelga indefinida desde la semana pasada con la participación de mineros estatales y federaciones de maestros.
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El máximo dirigente sindical, Mario Argollo, encabezó una nueva marcha de trabajadores por las calles de La Paz y expresó su preocupación por la radicalización del conflicto. “Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes”, afirmó durante la movilización.
Las protestas se replicaron también en Cochabamba, donde mineros de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) marcharon por las principales arterias de la ciudad en rechazo al decreto que eliminó la subvención. Sin embargo, el escenario sindical muestra fisuras: transportistas, comerciantes y una mayoría de los mineros cooperativistas levantaron sus medidas de fuerza tras alcanzar acuerdos parciales con el Ejecutivo.
En contraste, las movilizaciones impulsadas por la COB han sido recibidas con rechazo por parte de sectores de la población en La Paz, cansados de los bloqueos y las marchas en un contexto de dificultades económicas. Pese a ello, la central sindical mantiene su postura y exige la derogación del decreto como condición para cualquier diálogo.
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Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, pero el encuentro terminó sin avances. El Gobierno ratificó que no abrogará el decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana y forma parte de un paquete de medidas económicas más amplio.
Además del ajuste en los combustibles, el Ejecutivo anunció un incremento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos, así como aumentos en el bono para estudiantes del sistema público y en la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y las protestas continúan marcando el pulso social en Bolivia.
Fuente y foto: DW
