La oposición de Bolivia buscó este jueves dar una imagen de fortaleza con la realización de numerosos “cabildos abiertos” en las principales ciudad del país, encuentros motorizados por los llamados sectores cívicos que están enfrentados al Gobierno nacional, que buscó atribuirles el objetivo de buscar amnistías para delincuentes.
Aunque estaban coordinados por los Comités Cívicos de cada capital departamental, los encuentros se realizaron en horarios distintos y con modalidades particulares, si bien todos tuvieron oradores con reclamos al Ejecutivo nacional.
Buena parte de la atención estuvo en el cabildo de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento Santa Cruz, porque el llamado nacional a esta jornada salió de esa ciudad, que vivió hace meses un paro de casi 40 días en reclamo de un censo nacional para 2023 y después otros varios días de protesta por la detención del gobernador departamental, Luis Fernando Camacho.
El titular del Comité cruceño, Rómulo Calvo, destacó que fueron 15.700 las preguntas que llegaron para ser debatidas en el encuentro por la «libertad y democracia», como fue denominado.
Calvo celebró la puesta en marcha de los debates, como un paso inicial para “construir, entre toda la Bolivia democrática, una sólida unidad política para enfrentar unidos a la dictadura totalitaria”.
En esta ciudad el debate estuvo severamente custodiado por policías antimotines, que formaron dos anillos alrededor del Comando Departamental y en las cercanías del Cristo Redentor, donde se convocaron los locales.
Sin embargo, pese a las prevenciones, la concentración terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías.
El incidente comenzó cuando uno de los manifestantes, al finalizar el acto central, disparó fuegos artificiales contra tres policías a 20 metros de distancia y los uniformados respondieron lanzando gases lacrimógenos.
Inmediatamente la multitud se dispersó mientras los agentes avanzaban e intentaban detener a manifestantes, según la agencia de noticias Sputnik.
En zona sur de La Paz, en tanto, apenas terminado el himno nacional se abrió el debate impulsado por el Movimiento Cívico Nacional sobre “la justicia, la democracia y la liberación de presos políticos”.
Hablaron acá representantes del Consejo Nacional de la Democracia, de la Universidad Mayor de San Andrés y de plataformas ciudadanas, reportó el sitio de Unitel.
Antes y después de la discusión en La Paz hubo una marcha por las calles, en las que los manifestantes caminaron con banderas nacionales y carteles que rezaban “Arce (por el presidente, Luis) dictador” y “Amnistía para los presos políticos”.
El Comité Cívico Potosinista, mientras, fue el único que hizo una marcha antes del cabildo, realizado en la Plaza 10 de Noviembre.
A las consignas comunes con otras ciudades, Potosí agregó demandas propias: la aprobación de un anteproyecto de la ley de los recursos evaporíticos consensuado con el departamento de Oruro y una ley que habilite la explotación e industrialización del litio de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.
En Tarija, frente al campus universitario El Tejar, los locales discutieron la creación de una “Coordinadora para la Defensa del Estado de Derecho, la Democracia y la Libertad” y la reforma de la Justicia, y le dieron al Gobierno nacional un plazo de 72 horas para que “libere a todos los presos políticos en Bolivia”, bajo amenaza de promover una marcha nacional a La Paz.
Varias horas antes de su inicio, el Gobierno nacional ya cuestionaba los encuentros de la oposición y rechazó las denuncias de persecución política que se pondrían en debate.
“Los cabildos buscan que se otorgue amnistía a los `perseguidos políticos`, pero esto no sucederá porque en Bolivia no hay ninguna persona que esté presa por sus ideas. No se va a dar amnistía a los delincuentes. No hay ningún preso político. El preso político está detenido por sus ideas», advirtió el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.
Para el funcionario, los cívicos sólo buscan la libertad de personas que están procesadas por cometer delitos y no por sus ideas y los desafió a que “presenten la lista de 180 que dicen que hay”.
A modo de ejemplo, Torrico remarcó que Camacho -detenido a fines de diciembre último por su rol en el golpe de estado contra Evo Morales- “está en la cárcel por sus acciones de 2019, no por ser autoridad electa”.
Mientras, un diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, presentó un proyecto de ley para que se modifique el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, de modo de poder sancionarse a los líderes cívicos, rectores y vicerrectores, además de la Iglesia, por atribuirse hablar a nombre del pueblo boliviano.
“Este proyecto de ley es también contra los rectores, es contra vicerrectores, contra algunos sectores de la Iglesia Católica y los cívicos que no pueden hablar a nombre del pueblo boliviano cuando ellos no tienen representación legal”, dijo Cuellar en conferencia de prensa.
Telam
