El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó hoy sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022 ya que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló todas sus condenas por corrupción.
La medida se da justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el exjuez Sérgio Moro y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor, indicó Télam.
«La decisión salva a Lula pero también a Moro y al resto de Lava Jato. Tener este desenlace confirma la frase de que Brasil no es para principiantes. Ahora jurídicamente, después de este fallo, no es relevante evaluar si Moro fue parcial o no», explicó a la agencia Télam el abogado criminalista Luciano Quintanilha de Almeida, socio del estudio Vilardi Advogados.
En concreto, el juez Fachin hizo lugar a un habeas corpus que presentó el año pasado la defensa de Lula. Consideró que las causas contra el expresidente no eran competencia de Lava Jato por cuestiones jurisdiccionales ya que no existen vínculos entre el caso y la corrupción en Petrobras.
En conclusión, el juez de la corte remitió las causas a Brasilia, donde el tribunal regional de la capital deberá decidir si la causa pasa a un juez de primera instancia y todo el proceso comienza de cero, lo que daría suficiente tiempo a Lula para presentar su candidatura presidencial el año próximo, si así lo desea.
Lula pasó 580 días preso por una condena emitida por Moro en una celda en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, y quedó fuera de la elección de 2018, pese a ser el grande favorito de las encuestas.
Su lugar fue ocupado por Fernando Haddad, quien perdió el balotaje con Bolsonaro, el candidato que apoyó toda la derecha para evitar la vuelta del Partido de los Trabajadores, aún los sectores que hoy critican al ultraderechista por su gestión de la pandemia y la crisis económica.
Tras esa victoria electoral, Moro renunció a su cargo de juez y por 17 meses fue ministro de Justicia de Bolsonaro.
Hoy Moro vuelve a aparecer en las encuestas presidenciales. Por eso es relevante que la decisión de hoy del juez Fachin no se basa en las denuncias de Lula por un ‘lawfare’ atribuido a fiscales y jueces tanto de primera como de segunda instancia, sino por una cuestión de competencia jurisdiccional.
El juez supremo entendió que las acusaciones contra Lula no tienen vinculación con el Petrolao, los desvíos de Petrobras que sí juzga el tribunal 13 de Curitiba, y, por eso, declaró la incompetencia de la Justicia Federal de Paraná, que dictó las condenas en tres causas contra el exmandatario.
«Esta decisión llega con cinco años de atraso. Moro nunca debió haber juzgado a Lula», afirmó hoy la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.
Los procesos serán ahora analizados por el Tribunal Federal de Brasilia, que se encargará de decir si los actos realizados en los tres procesos pueden o no ser validados y reutilizados.
La decisión de Fachin tuvo un efecto inmediato no solo en el mundo económico, sino también en el económico.
De inmediato, aumentó la cotización del dólar y se profundizó la caída de la Bolsa en Brasil, Bovespa, en una clara señal de que el mercado financiero teme que Bolsonaro y su agenda liberal pueda perder el año próximo en las urnas.
Desde el Congreso, la reacción también fue inmediata. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), aliado de Bolsonaro , fustigó la decisión por no penalizar a Moro y dejó un guiño a Lula.
«Mi mayor duda es si la decisión monocrática fue para absolver a Lula o a Moro. Lula podría merecerlo pero Moro jamás», dijo Lira.
Lula fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión por presuntamente haber recibido un inmueble en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS a cambio de favores políticos.
Esta condena había sido confirmada por la cámara de Porto Alegre y el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia, y estaba en apelación ante el Supremo Tribunal Federal, la corte constitucional.
Además, había sido condenado por la jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por reformas realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casaquinta en Atibaia, estado de San Pablo, que era propiedad de un amigo.
