El texto, aprobado un día después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciara una batería de medidas para mejorar la situación de las mujeres, ahora pasa para su tratamiento en el Senado.
El monto de la pensión establecida en el proyecto es de un salario mínimo y debe ser pagada hasta que el menor cumpla los 18 años.
Para tener acceso al beneficio, el ingreso mensual per cápita de los hijos menores de edad o dependientes, huérfanos por el delito de femicidio, debe ser igual o inferior al 25% de un salario mínimo El texto también establece que la pensión no puede acumularse con “prestaciones de seguridad social recibidas del Sistema General de Seguridad Social (RGPS) o de los Sistemas Propios de Seguridad Social, ni con pensiones o prestaciones del sistema de protección social de militares”.
Brasil registró el año pasado un récord de 1.410 femicidios, decir que una mujer es asesinada cada seis horas y media en el país por su condición de género.
La cifra indica un 5 % más que los datos recogidos en 2021, cuando eran 1.337 las mujeres asesinadas por su condición de género, y el mayor desde que los casos comenzaron a ser medidos en el país en 2017.
Durante ese año, se contabilizaron 1.046 femicidios.
Para el Foro Brasleño de Seguridad Pública, una de las explicaciones para el crecimiento de los casos de femicidio es la significativa reducción de los recursos públicos destinados a programas de enfrentamiento de la violencia doméstica y familiar en el Gobierno del líder de ultraderecha Jair Bolsonaro, entre 2018 y 2022.
Bolsonaro redujo de forma drástica el presupuesto destinado a programas de protección de las mujeres.
Telam
