La jefa del bloque de La Libertad Avanza busca sumar los votos de la oposición dialoguista para aprobar el régimen de incentivos. Las provincias reclaman modificaciones por el impacto energético que podrían generar los grandes centros de datos.
El Gobierno busca avanzar con la aprobación del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes en el Senado para imponer su proyecto sin modificaciones. Ante este escenario, Patricia Bullrich abrió una negociación con bloques aliados para destrabar la iniciativa.
La presidenta del bloque oficialista aceptó analizar cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos sectores provinciales. Los principales planteos están vinculados con la protección de empresas nacionales y con el abastecimiento energético de los grandes centros de datos asociados al desarrollo de inteligencia artificial.
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Uno de los puntos más sensibles es la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas, especialmente los mega centros de datos, puedan contar con sistemas propios de generación eléctrica. El objetivo es evitar que el aumento de la demanda termine sobrecargando las redes provinciales y afectando el suministro destinado a la población.
La negociación también generó diferencias dentro del propio Gobierno. El equipo económico encabezado por Luis Caputo no habría sido consultado inicialmente sobre las modificaciones impulsadas por Bullrich y manifestó reparos frente a algunas de las propuestas que trascendieron públicamente.
Bullrich reconoció ante sus allegados las dificultades para reunir los votos necesarios y admitió que el oficialismo debe alcanzar acuerdos debido a su limitada representación en la Cámara alta. La situación refleja uno de los principales desafíos parlamentarios de La Libertad Avanza para avanzar con su agenda económica.
El Súper RIGI es considerado una de las principales herramientas del Gobierno para atraer inversiones de grandes empresas tecnológicas, proyectos vinculados con inteligencia artificial y emprendimientos relacionados con minerales críticos. El régimen contempla beneficios fiscales y aduaneros, aunque ahora el oficialismo deberá negociar cambios para evitar que su aprobación vuelva a quedar trabada.
Fuente: Baenegocios.
