En una entrevista radial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno aplicará un giro drástico en la política migratoria del país. «Los extranjeros van a tener que pagar como en otros países», afirmó, al explicar que se comenzarán a cobrar los servicios de salud y educación a los inmigrantes. Esta decisión forma parte de una batería de reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional.
Bullrich cuestionó las limitaciones legales para concretar deportaciones en el país. «Se hicieron imposibles. Hay extranjeros que vienen, se operan, y se van», sostuvo, marcando el tono crítico de su intervención. Según sus palabras, la Argentina dejará de sostener una política «permisiva» con quienes acceden a beneficios públicos sin residir legalmente o sin intención de permanencia.
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Las nuevas medidas incluyen requisitos más estrictos para solicitar la residencia permanente y la ciudadanía argentina. A partir de ahora, quienes deseen regularizar su situación deberán cumplir con nuevas condiciones administrativas, económicas y legales. La ministra no detalló los montos ni el alcance exacto del arancelamiento de los servicios públicos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, profundizó en los anuncios. Explicó que todo inmigrante con condena firme será expulsado del país, y lo mismo ocurrirá con quienes falseen datos al momento de solicitar el ingreso. La política apunta a limitar el acceso de personas con antecedentes penales y desalentar fraudes en el sistema migratorio.
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Este nuevo enfoque migratorio generó polémica inmediata en sectores políticos y sociales. Organismos de derechos humanos advirtieron sobre posibles violaciones a tratados internacionales, mientras desde el oficialismo insisten en que la medida busca “orden y equidad”. El debate sobre quién debe costear los servicios estatales en un contexto de ajuste vuelve a encenderse.
Fuente: Noticias Argentinas.
