El juez federal Sebastián Casanello procesó a Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. por negociaciones incompatibles con la función pública en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante el gobierno de Alberto Fernández.
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El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., propiedad del broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de irregularidades en la contratación de seguros del Estado durante la gestión del Frente de Todos.
La firma fue acusada del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de $2.870.729.545,61, según consta en la resolución dictada por el magistrado en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente.
El fallo también dispuso el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta Presidencial de Olivos, al considerar que existió un esquema sistemático de intermediación con Nación Seguros que permitió el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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Además de la compañía de Martínez Sosa, Casanello procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles a:
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Bachellier S.A., con un embargo de $9.669.697.257,25
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Bri Broker S.A., por $851.650.603,17
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TG Broker S.A., con $2.190.607.187,86
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San Germán Seguros S.A., embargada por $6.582.763.800,51
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San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., con un embargo de $1.872.781.809,21
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En los casos de San Germán Seguros y San Ignacio, el juez agregó la imputación por cohecho activo, al considerar que existen indicios de pagos de sobornos vinculados a la operatoria investigada.
También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en $7.866.484.968,30. En contraste, el magistrado dictó la falta de mérito para la empresa Levelar S.A., al entender que, por el momento, no hay elementos suficientes para avanzar con su procesamiento ni para sobreseerla.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos y estrecho colaborador de Alberto Fernández. Rodríguez fue imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipe secundario, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre él recayó un embargo de $787.997.801,56.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas obtuvieron beneficios económicos a partir de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban, tanto formal como informalmente, y que no adoptaron medidas eficaces para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no activaron mecanismos internos de control ni implementaron programas de integridad orientados a prevenir ilícitos.
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Casanello también remarcó que ninguna de las compañías devolvió los beneficios que habría obtenido de manera indebida, pese a los riesgos evidentes que implicaban las contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública en el centro de la investigación.
La causa Seguros ya había generado un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa oportunidad, los camaristas señalaron que existían pruebas suficientes para sostener que el entonces presidente intervino en favor de intereses privados de su entorno, a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, provocó un crecimiento exponencial del negocio, que habría sido aprovechado por intermediarios privados, con la participación de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
Fuente y foto: TN
