Al menos 349 personas han fallecido en las cárceles de El Salvador bajo la custodia del Estado, en medio de un régimen de excepción destinado a combatir las pandillas, según denuncian organizaciones humanitarias.
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Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha revelado que al menos 349 personas han perdido la vida en cárceles de El Salvador desde que se implementó el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y se orienta a la lucha contra las pandillas. Según la abogada Ingrid Escobar, líder de SJH, un alarmante 94% de las muertes ocurrieron sin que las víctimas tuvieran acceso a su segunda audiencia, lo que ha generado un rechazo generalizado en organizaciones de derechos humanos.
La falta de atención médica adecuada ha sido citada como una de las principales causas de las muertes, ya que muchos detenidos no recibieron los cuidados necesarios mientras estaban bajo la custodia del Estado. SJH, que se dedica a brindar asistencia legal gratuita a los familiares de detenidos arbitrarios, ha documentado miles de denuncias de abusos y ha advertido sobre la grave crisis en las cárceles salvadoreñas.
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La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo el control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó recientemente la trigésima tercera ampliación del régimen de excepción, lo que ha resultado en más de 83.600 detenciones. Esta medida fue impulsada tras el asesinato de más de 80 personas en marzo de 2022, un hecho que, según investigaciones del medio El Faro, se originó por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales. Desde su implementación, el régimen se ha mantenido como la principal estrategia del presidente Nayib Bukele en la lucha contra las pandillas, contribuyendo a su reelección a pesar de la prohibición constitucional que limita la reelección presidencial.
El Gobierno de Bukele ha respondido a las acusaciones de torturas y muertes en las cárceles, negando en diversas ocasiones estos hechos, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de las desmentidas, las denuncias continúan acumulándose, con más de 6.400 casos reportados por diversas organizaciones humanitarias que señalan graves violaciones a los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias y las torturas en las prisiones del país.
Este panorama ha generado un creciente debate internacional sobre la efectividad y las consecuencias de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Fuente: EFE
Foto:BBC