Crece la expectativa en torno a la investigación judicial en curso en Puerto Madryn vinculada a una denuncia por presunto abuso sexual infantil, a una menor por parte de su progenitor, mientras se reclaman definiciones urgentes por parte del sistema de justicia.
El proceso judicial se inició cuando la niña era aún muy pequeña y, tras casi ocho años de idas y vueltas, la causa continúa sin una resolución definitiva.
En ese extenso derrotero, se han registrado distintas instancias y demoras que, según la mirada de las partes involucradas, han paralizado el avance del expediente. En ese contexto, también se advierte preocupación por el impacto que la situación podría haber tenido en la menor a lo largo del tiempo.
Al mismo tiempo, el fuero penal de Puerto Madryn analiza la posibilidad de que la madre de la menor se constituya como querellante en la causa, la definición judicial continúa en suspenso.
La audiencia prevista para el martes 5 de mayo fue suspendida luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes, y la decisión que debían adoptar los jueces Alejandra Hernández y Marcelo Orlando quedó sin resolución.
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Ante la falta de consenso, ahora se requiere la intervención de un tercer magistrado que actúe como dirimente para resolver la cuestión planteada y destrabar el expediente.
Según distintos planteos que han surgido en el ámbito judicial, existirían elementos que justificarían el avance de la investigación y la adopción de medidas de protección. Sin embargo, las demoras en las decisiones generan preocupación en torno a la situación de la presunta víctima.
Especialistas y marcos normativos vigentes, como la Ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen la obligación de actuar con celeridad ante posibles vulneraciones de derechos de niñas y niños, priorizando su resguardo.
En este contexto, crece el debate sobre los tiempos del proceso judicial y la necesidad de garantizar una intervención oportuna, ya que en este tipo de casos el paso del tiempo puede incidir directamente en la protección integral de las personas involucradas.
Por el momento, la causa continúa en suspenso, a la espera de definiciones que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.
