Foto de archivo.
Lo expresó el fiscal general Lucas Papini, quien este viernes dialogó con Radio 3 sobre la investigación por presuntas maniobras irregulares en contrataciones públicas.
El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase dispuso la apertura de investigación y declaró como “compleja” la causa que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad de Trelew y a proveedores del Estado por presuntas maniobras irregulares en contrataciones públicas. Aunque la investigación ya había sido abordada en notas previas, en diálogo con Radio 3 el fiscal general Lucas Papini sumó detalles clave sobre el avance del expediente.
En primer lugar, Papini aclaró que la denominación “Pollos de Papel” es una etiqueta mediática sin relación con la investigación formal, y señaló que la gravedad de los hechos “no encuadra ni siquiera en la teoría del caso”. Explicó que la audiencia de apertura habilita un plazo de un año y seis meses para concluir la investigación, conforme al artículo 358 del Código Procesal Penal. “Desde ahora corren los plazos para definir si corresponde una acusación y eventualmente solicitar la elevación a juicio”, indicó en Radio 3.
El fiscal confirmó que la mercadería destinada a programas de ayuda alimentaria nunca llegó a los sectores vulnerables y que fue utilizada para “reuniones y asados partidarios”, según surge de audios y testimonios incorporados a la causa. “Tenemos acreditado que el destino de esos alimentos no fue el que debía ser”, afirmó Papini, remarcando que las irregularidades serán demostradas en el juicio oral.
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Sobre la responsabilidad de proveedores y funcionarios, Papini señaló que la Fiscalía sostiene la existencia de “una defraudación a la administración pública mediante licitaciones direccionadas”, con comunicaciones previas entre proveedores y funcionarios. Detalló que los procesos licitatorios se confeccionaban después de la entrega de mercadería: “Era fraudulento e ilógico. Primero se entregaba el producto y luego se armaba la licitación”, afirmó. Son ocho los imputados: seis exfuncionarios —la mayoría del área de Desarrollo Social— y dos proveedores.
Respecto al perjuicio económico, Papini estimó que ronda los 170 millones de pesos, al impedir la participación de oferentes con mejores propuestas. También explicó que la investigación avanzó gracias a nueva tecnología adquirida por el Ministerio Público Fiscal: “Hoy podemos recuperar imágenes, videos y chats eliminados. Esa herramienta fue clave para sostener nuestra teoría del caso”, aseguró. La fiscalía intentó exhibir parte de esa evidencia en la audiencia, aunque finalmente se resolvió que no era el momento procesal adecuado.
De cara al futuro, Papini anticipó que aún restan medidas específicas y que, pese a la complejidad del caso, la investigación está “avanzada”. Confirmó que, cuando cuenten con los fundamentos probatorios necesarios, solicitarán la elevación a juicio. “Si reunimos la evidencia suficiente, vamos a concluir con la acusación y pedir el juicio oral y público”, cerró el fiscal en Radio 3.
