La Justicia intimó a la expresidenta y a otros ocho condenados a abonar el monto millonario antes del 13 de agosto. En caso contrario, se activará un proceso de ejecución patrimonial inmediata que apunta a propiedades, cuentas e inversiones.
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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad fueron intimados por la Justicia a pagar $684.000 millones en concepto de decomiso por los delitos cometidos durante la adjudicación irregular de obra pública en sus mandatos. El plazo límite para efectuar el pago vence el próximo 13 de agosto a las 9:30, y de no concretarse, comenzará un proceso de ejecución patrimonial inmediata.
El principal foco de la ejecución está puesto en los bienes que Cristina Kirchner posee en Santa Cruz, muchos de los cuales ya se encuentran embargados. El inventario judicial detalla 24 propiedades entre las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, entre ellas la casa familiar donde vivió con Néstor Kirchner, el hotel boutique Los Sauces, terrenos y departamentos. Aunque algunos fueron donados a sus hijos en 2016, Cristina conserva el usufructo, lo que habilita a la Justicia a avanzar sobre ellos si se ratifica la condena en instancias superiores.
Además de los bienes inmuebles, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron activos financieros de la expresidenta que podrían ser ejecutados. Entre ellos figuran cuatro cajas de ahorro en pesos, dos cuentas en dólares, una caja de seguridad en el Banco Galicia y plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. También se registraron inversiones en empresas internacionales como Apple, Microsoft, Coca-Cola, Visa y Mercado Libre, valuadas en más de $170 millones, según su última declaración jurada.
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La Justicia también apunta a las sociedades familiares como Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMASA, investigadas por presunto lavado de dinero y claves en el negocio hotelero e inmobiliario de la familia Kirchner. Todos estos bienes y activos están incluidos en los embargos preventivos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 2, que podrían ser liquidados para saldar parte del monto exigido por la condena.
El avance judicial se produce mientras se espera una definición de la Cámara de Casación, que deberá revisar la condena dictada en diciembre de 2022. En ese fallo, Cristina Kirchner fue sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la medida aún no está firme.
Fuente: eldiarionuevodia
Foto: Archivo
