Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron avanzar sin demoras con el decomiso millonario contra la expresidenta y otros condenados, al rechazar las objeciones presentadas por las defensas.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se ejecute de manera inmediata el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. La expresidenta, que cumple condena bajo arresto domiciliario, había rechazado la intimación para que deposite $684.990.350.139,86 (unos 530 millones de dólares) y planteó que el tribunal carece de competencia para ordenar la medida.
En un dictamen conjunto de 21 páginas, los fiscales fueron contundentes: aseguraron que la maniobra investigada constituye “una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina” y que la negativa de Cristina Kirchner a entregar el dinero es una “clara afrenta al tribunal y a la sociedad”. Según remarcaron, “el decomiso no es una opción, es una obligación” y debe ejecutarse sobre los bienes cautelados y el patrimonio de los acusados hasta alcanzar el monto fijado en la condena.
Luciani y Mola rechazaron el planteo de incompetencia formulado tanto por Cristina Kirchner como por Lázaro Báez, quienes pidieron que el caso sea tratado por otros fueros. Para los fiscales, se trata de un intento de “dilatar” el cumplimiento de la sentencia. Advirtieron que llevar la discusión al fuero civil y comercial federal implicaría años de trámite y que la finalidad real de la expresidenta es que el decomiso “nunca se concrete”.
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En su escrito, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que los condenados buscan impedir la recuperación de los fondos obtenidos mediante fraude en la obra pública de Santa Cruz. Además, remarcaron que el dinero sustraído podría haberse destinado a “salud, educación, infraestructura, seguridad vial, vivienda y jubilaciones”, y señalaron que la corrupción golpea principalmente a “los sectores más vulnerables y desprotegidos del sistema”.
Finalmente, Luciani y Mola pidieron que los bienes decomisados sean rematados y tengan un “uso social”, en contraposición al destino ilegítimo que habrían tenido bajo la administración de los condenados. “Cada nueva maniobra dilatoria desafía a la Justicia y expone al país ante la comunidad internacional, que exige el cumplimiento de compromisos en materia de corrupción y recupero de activos”, concluyeron.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
