El juicio en la causa Vialidad se reanudó hoy con la segunda jornada del alegato de la defensa del acusado Lázaro Báez, que retomó el análisis de una pericia cuestionada y sostuvo que en base a ella la fiscalía hizo «inferencias violatorias del principio de legalidad».
«Todas las inferencias que realizan los doctores (Sergio) Mola y (Diego) Luciani resultan violatorias del principio de legalidad», sostuvo el abogado Juan Vilanueva, que representa al dueño de «Austral Construcciones», ante el Tribunal Oral Federal 2.
La fiscalía «tergiversa lo que dijeron los propios peritos» de manera «maliciosa», agregó el letrado en el juicio que se realiza por videoconferencia y que tiene 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ante lo jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia «en ningún aspecto puede ser valorada» como prueba y que «las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente».
«La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley», argumentó además Villanueva, al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.
También sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún «privilegio» por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La fiscalía «no presentó una sola prueba» de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período «fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma».
La forma en que se hacían las cosas «era la práctica normal y general» en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma «en todos los casos».
En la primera jornada de alegato, Villanueva había anticipado que pediría la absolución del empresario.
Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».
Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública».
Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
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