La investigación derivó en la detención de una mujer en Buenos Aires y la búsqueda de otro sospechoso. La Justicia analiza el caso como una presunta maniobra de trata de personas con fines de explotación.
Una organización acusada de reclutar ciudadanos argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania fue desbaratada tras una investigación encabezada por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Durante un operativo realizado en la localidad bonaerense de Tigre fue detenida una mujer, mientras que su pareja permanece prófuga luego de haber salido del país con destino a Brasil.
La causa se inició en marzo de este año, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó inconsistencias en las declaraciones de cuatro hombres que se disponían a viajar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Ucrania. Los investigadores advirtieron que los pasajeros desconocían quién había adquirido sus pasajes, quién los recibiría al llegar y cuáles serían concretamente las tareas que realizarían.
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Con el avance de la pesquisa, los fiscales determinaron que las presuntas víctimas eran captadas a través de redes sociales y plataformas digitales. Allí les ofrecían incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con la promesa de percibir un salario cercano a los 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, según la investigación, recibían contratos redactados en idioma ucraniano y eran instruidos para ocultar el verdadero motivo del viaje ante las autoridades migratorias, indicando que trabajarían en el rubro de la construcción.
Las tareas de inteligencia, el análisis de comunicaciones y distintas vigilancias permitieron identificar a los presuntos responsables del reclutamiento. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de una vivienda en Tigre y la detención de una de las imputadas, quien será indagada por el delito de trata de personas. En tanto, continúa la búsqueda del segundo acusado.
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Los investigadores también advirtieron que el mecanismo utilizado podría configurar un esquema de explotación laboral y servidumbre. Según la hipótesis judicial, las víctimas adquirían deudas relacionadas con el traslado y el equipamiento, lo que limitaba sus posibilidades de abandonar la actividad una vez en el extranjero. Además, existían indicios de coerción y engaño para obligarlas a participar en un conflicto armado.
La investigación fue compartida con la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), mientras que INTERPOL emitió una notificación morada para alertar sobre este tipo de modalidad delictiva. El organismo internacional advirtió que organizaciones similares operan mediante falsas ofertas laborales, promesas de elevados ingresos y beneficios migratorios para captar personas y trasladarlas hacia zonas de guerra.
Las autoridades remarcaron que este tipo de maniobras presenta características de una organización criminal transnacional y destacaron la importancia de fortalecer la cooperación entre organismos nacionales e internacionales para prevenir nuevas captaciones y proteger a potenciales víctimas de explotación.
