El gobierno de José Antonio Kast impulsa reformas para penalizar el ingreso ilegal y restringir beneficios sociales, aunque aseguró que no recortará derechos básicos.
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El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que avanzará con una agenda de endurecimiento migratorio, aunque aclaró que no eliminará el acceso de los migrantes irregulares a servicios esenciales como la educación y la salud.
El ministro de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que estos derechos serán preservados pese a las modificaciones que el Ejecutivo busca introducir en la legislación vigente. “Hay dos beneficios que no vamos a tocar: la educación y la atención de salud”, sostuvo en declaraciones radiales.
El oficialismo dio urgencia legislativa a una veintena de proyectos vinculados a seguridad, migración y crimen organizado, en línea con los anuncios realizados por Kast durante su asunción. Entre las principales iniciativas se destaca la intención de tipificar como delito el ingreso irregular al país y limitar el acceso de extranjeros sin documentación a determinados beneficios sociales.
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Según explicó el ministro, estas restricciones no afectarán derechos básicos, sino que estarán enfocadas en la posibilidad de acceder a programas o subsidios estatales. En ese marco, el Gobierno confía en obtener respaldo parlamentario para avanzar con las reformas en el Congreso.
En paralelo, la administración chilena inició la construcción de barreras físicas en la frontera norte, especialmente en la región de Arica, limítrofe con Perú y Bolivia. El propio presidente supervisó el inicio de las obras, que forman parte de su estrategia para frenar el ingreso de migrantes irregulares, en su mayoría provenientes de Venezuela.
El Ejecutivo fijó un plazo de 90 días para completar estas infraestructuras, aunque aún no se detallaron las características técnicas de las mismas. La medida responde a una de las principales promesas de campaña del mandatario, centrada en reforzar el control fronterizo.
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Por otro lado, el paquete de reformas incluye modificaciones en el sistema de gratuidad de la educación superior. Desde el Gobierno aclararon que no se eliminará el beneficio, sino que se acotará para futuras postulaciones, lo que podría afectar a personas mayores de 30 años que deseen acceder por primera vez.
Las iniciativas generan debate en el ámbito político y social chileno, en un contexto marcado por el aumento de la migración y la preocupación por la seguridad en el país.
Fuente y foto: EFE
