Cinco años después del magnicidio de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, Haití permanece atrapado en una crisis multidimensional que afecta la gobernabilidad, la seguridad y las condiciones de vida de millones de personas. El asesinato del mandatario, perpetrado por un grupo de mercenarios en su residencia de Pétion-Ville, marcó un punto de inflexión que profundizó la inestabilidad del país caribeño.
La investigación judicial determinó que la conspiración fue organizada entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida, Estados Unidos. Hasta el momento, nueve personas fueron condenadas en territorio estadounidense por su participación en el complot, mientras que las pesquisas continúan para esclarecer todas las responsabilidades del crimen.
En el plano político, Haití no celebra elecciones presidenciales desde 2016. Tras la muerte de Moïse, el país atravesó una sucesión de primeros ministros y gobiernos de transición. Aunque las autoridades mantienen la intención de convocar elecciones generales durante este año, la persistente inseguridad hace que existan serias dudas sobre la posibilidad de concretarlas.
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La violencia también se agravó de manera significativa. Las bandas criminales controlan cerca del 75 % de Puerto Príncipe y extendieron su influencia hacia otras regiones del país. Según datos de Naciones Unidas, solo en lo que va de 2026 la violencia dejó al menos 2.310 muertos y más de 1.100 heridos.
En respuesta a la crisis, la ONU impulsó una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), que reemplazó a la anterior misión multinacional de seguridad. Paralelamente, la situación humanitaria continúa deteriorándose: unos 6,4 millones de personas requieren asistencia, 1,5 millones fueron desplazadas por la violencia y alrededor de 6 millones padecen inseguridad alimentaria severa.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/ Johnson Sabin.
