Marchas multitudinarias acompañaron este miércoles, pese a una prohibición judicial, el paro nacional que las centrales obreras de Colombia, organizaciones sociales y comunidades originarias llevaron adelante en rechazo al proyecto gubernamental de reforma tributaria y en protesta por el manejo de la pandemia.
Loa manifestantes exigieron un mejor manejo de la pandemia y protección para los líderes sociales, todo en medio de una fuerte ola de contagios de coronavirus.
Al menos 23 ciudades de todo el país tuvieron marchas y concentraciones, pero las más importantes fueron en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali, donde se registraron algunos incidentes y se adelantó el toque de queda, a la vez que un grupo de indígenas derribó la estatura del conquistador español Sebastián de Belalcázar.
También hubo disturbios en Medellín y en Bogotá, según la Secretaría de Gobierno, donde un grupo de manifestantes intentó ingresar a la sede del canal RCN.
Las movilizaciones fueron prohibidas anoche por un tribunal de Cundinamarca, pero el Comité Nacional del paro –que reunió a las organizaciones convocantes- remarcó que “el derecho a la protesta no está sometido a permiso o autorización previa y no se puede suspender ni en estado de excepción”. El país registró justamente hoy un nuevo récord de muertos por Covid: 490.
Más que la reforma tributaria que plantea la administración de Iván Duque, el eje de la protesta pareció desviarse al hecho de que Colombia atraviesa una fuerte segunda ola de casos, con muchas ciudades en fase roja, el sistema sanitario al borde del colapso y restricciones en varias regiones, justo cuando hubo nuevo récord de fallecidos, indicó la agencia Télam.
«El Gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos», explicó en Blu Radio el titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.
El proyecto de reforma tributaria de Duque, a quien le queda poco más de un año en el poder, propone gravar los servicios públicos, ampliar la base de contribuyentes e imponer el IVA en varios servicios públicos, de modo de recaudar unos 6.780 millones de dólares.
Cuando hizo pública la iniciativa, la cartera de Hacienda la presentó como Ley de Solidaridad Sostenible, “una propuesta de carácter social que busca incrementar los esfuerzos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente, después de los efectos económicos y sociales causados por la pandemia”.
La iniciativa tiene trámite de urgente en el Congreso, pero el rechazo incluye aún algunos sectores del oficialismo, que trabajan en algunas reformas.
