Según el informe «Violencia en Colombia», en 2023 hubo 94 masacres en las que fueron asesinadas 188 personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de los Derechos Humanos, incluidos 20 menores de edad de entre 16 y 18 años.
En total, esas 94 masacres dejaron 303 víctimas, una cifra que si bien es elevada, marca una disminución con respecto al 2022, año en que 343 personas fueron asesinadas.
Asimismo, se redujo el número de asesinados entre los firmantes del acuerdo de paz de 2016, cuando se reportaron 50 asesinatos.
La mayoría de estas masacres ocurrieron en «ciudades principales y sus áreas metropolitanas» y «muchas de ellas como consecuencia de disputas entre actores armados locales por economías como el microtráfico, la extorsión y el control sobre rutas de paso de drogas a centros de distribución más amplios», destaca el documento, que fue recogido por la agencia de noticias Europa Press.
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En concreto, Indepaz señaló como especialmente «preocupante» la situación en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, «siendo estos los lugares y sectores sociales donde se concentraron los asesinatos».
Además, se registraron 167.540 situaciones de desplazamiento forzado en el país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023.
Por último, el informe hace referencia a la vinculación de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con grupos armados.
El documento revela que los menores entre los 12 y 17 años son las principales víctimas de vinculación a actividades de los distintos grupos armados del territorio nacional.
Así, hasta el 30 de noviembre de 2023, se registraron 86 eventos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados en los departamentos de Cauca, Arauca y Antioquia.
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Cauca no solo es el departamento más afectado por las acciones de violencia en general, sino que se ha convertido también en el escenario más preocupante del país para niños, niñas y adolescentes.
«La presión a través de la violencia ejercida por los grupos armados los ha convertido en blanco de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo cual se expresa en distintos tipos de vinculación en los grupos armados, donde cumplen labores de mensajeros, reclutadores, campaneros, entre otras actividades», según Indepaz.
Rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales se enfrentan desde hace más de medio siglo en una guerra que deja más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados y asesinados.
El Gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en Colombia, aspira a desactivar el conflicto armado por medio del diálogo con todas las organizaciones ilegales.
Desde noviembre, sostiene conversaciones en Cuba, México y Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más antigua de América.
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También sostiene acercamientos con el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país.
Sin embargo, su llamada política de «Paz Total» todavía no logra detener la espiral de violencia que envuelve al país luego del desarme de las FARC, tras el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, en 2016
El llamado Estado Mayor Central, el principal grupo disidente de las FARC que opera en la zona, acordó a comienzos de año un cese del fuego con las fuerzas estatales.
La tregua se mantiene a pesar de varias violaciones al cese del fuego.
