Este martes se inicia el primer juicio oral vinculado a la aplicación del denominado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los acusados son cinco manifestantes que fueron detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024, un caso que es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2024, en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, cuando movilizaciones contra la llamada Ley Ómnibus —luego denominada Ley Bases— se desarrollaban frente al Parlamento. En esa jornada, grupos culturales y sociales habían montado un festival en la zona de Plaza Congreso para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.
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Durante el operativo, se desplegaron fuerzas federales que provocaron incidentes y la detención de 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de los detenidos quedaron imputados y ahora enfrentarán un juicio oral por “atentado contra la autoridad”, un delito que prevé penas de hasta un año de prisión.
Las defensas cuestionan la acusación, señalando que se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y la ausencia de otras pruebas que sustenten la imputación. Mientras tanto, organismos de derechos humanos advierten sobre la posible criminalización de la protesta social en el marco de este juicio.
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El proceso judicial servirá como antecedente sobre la implementación de protocolos de seguridad en manifestaciones públicas y podría generar repercusiones sobre el accionar de las fuerzas federales en eventos de protesta en el país.
Fuente: elDiarioAR.
