A través del decreto 695/2024, el Gobierno estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público. Publicado en el Boletín Oficial, este decreto reglamenta el Título II de la normativa vigente y presenta innovaciones en los procesos de ingreso y reubicación del personal estatal.
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Una de las principales novedades es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para los aspirantes a trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y será diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación. La identificación de los candidatos solo se realizará una vez que se hayan calificado.
El decreto también establece que la máxima autoridad de cada jurisdicción o organismo descentralizado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada cargo. La Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que deberá expedirse en un plazo de cinco días. Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función lo requiera.
El rendimiento de los empleados será evaluado constantemente, y para ser promovidos, deberán someterse nuevamente a una evaluación. Este enfoque busca asegurar que los empleados mantengan altos niveles de competencia y rendimiento durante su carrera. El nuevo régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional.
Desde su llegada al poder, la gestión libertaria inició un proceso de reorganización de la planta estatal, que incluye la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos en la planta permanente. Se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad para gestionar esta reestructuración. El decreto establece períodos de disponibilidad del personal según su antigüedad, con remuneración equivalente a su retribución escalafonaria durante este tiempo.
Además, los empleados en licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad, y aquellos próximos a jubilarse serán reubicados hasta la resolución de su situación. En cuanto a las reubicaciones, se consideran traslados definitivos y permutas condicionadas a la existencia de vacantes financiadas.
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que estas medidas buscan mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos y fortalecer el régimen disciplinario. “Se incorpora un examen objetivo de competencias que determinará el ingreso del personal idóneo”, comentó Sturzenegger, subrayando la importancia de una evaluación objetiva sin interferencia humana.
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Fuente: Infobae.
Foto: iProfesional.
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