El Ministerio Público Fiscal, la Defensa, la Justicia y autoridades policiales mantuvieron una reunión para establecer criterios comunes frente a las detenciones de adolescentes. Advierten que todavía faltan infraestructura y personal especializado.
En Comodoro Rivadavia, autoridades judiciales y policiales analizaron la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, que comenzó a regir el 5 de septiembre. El encuentro se realizó en la Unidad Regional y reunió al jefe de fiscales, Cristián Olazábal; la jueza Mariel Suárez; defensores públicos penales; representantes de la Asesoría de Familia y jefes de las distintas comisarías.
El objetivo fue establecer criterios de actuación comunes frente a situaciones que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años. Según explicó Olazábal en diálogo con Radio 3, uno de los principales problemas es que la ciudad no cuenta actualmente con infraestructura ni con personal especializado para alojar a menores privados de su libertad.
La normativa establece que los adolescentes detenidos deben permanecer bajo el cuidado de personal especializado. Frente a esta situación, las autoridades evaluaron distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de realizar controles de detención de manera remota en determinados casos y disponer medidas como el traslado al domicilio, especialmente cuando se trate de hechos de menor gravedad.
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Durante la reunión también se analizaron posibles lugares para alojar transitoriamente a los jóvenes. Se mencionaron dependencias como la Comisaría de la Mujer y la Policía Comunitaria, aunque ambas alternativas presentan dificultades. En particular, se descartó la Comisaría de la Mujer por el nivel de conflictividad relacionado con hechos de violencia familiar que registra Comodoro Rivadavia.
La jueza Mariel Suárez remarcó que cada situación deberá ser evaluada de manera particular y señaló que los funcionarios están recibiendo capacitación. Sin embargo, advirtió que la formación por sí sola no alcanza para implementar el sistema. “La buena voluntad no es suficiente, necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura. Hay muchas cosas por definir”, sostuvo.
Por su parte, Olazábal aclaró que no se observa un incremento reciente de delitos cometidos por menores, sino que el cambio está relacionado con la entrada en vigencia del nuevo régimen. Además, destacó que la aplicación de la normativa requiere una actuación coordinada entre la Policía, la Justicia, la Defensa y los organismos especializados en protección de derechos.
Uno de los conceptos centrales planteados durante el encuentro fue diferenciar la punibilidad de la aplicación automática de un castigo. Las autoridades señalaron que, especialmente frente a delitos de escasa lesividad, deberán analizarse medidas adecuadas para cada caso. También se prevé transmitir al personal policial las pautas de actuación necesarias para intervenir ante las nuevas situaciones que contempla el régimen.
