Las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez, recayeron sobre dos subcomisarios, un teniente, dos oficiales y un subayudante, todos ellos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de José C. Paz.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público fue representado por el fiscal Marcelo García Berro, mientras que la instrucción de la causa había estado a cargo del fiscal federal Paul Starc.
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Según las fuentes, el subcomisario Andrés Salvador Segovia (39) fue condenado a nueve años de prisión; el oficial principal Pablo Alejandro Caricato (40), a ocho años; el subcomisario Carlos Adrián Pereira (36), a siete años; mientras que la oficial principal Mariela Beatriz Galarza (36), el subayudante Samuel Orlando López (38) y el teniente Osvaldo Luis Ortiz (56), a seis años.
Los seis policías fueron hallados culpables del delito de «peculado en concurso ideal con el de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, doblemente agravado este último por haber sido cometido con la intervención organizada de tres o más personas y por agentes policiales encargados de la prevención y persecución de los delitos previstos en la ley 23.737, en concurso real con el delito de falsedad ideológica de documento público».
Además, a todos los condenados se les inhabilitó la posibilidad de ejercer cargos públicos durante 10 años.
Por otro lado, el oficial de servicio Jonatan Alejandro Encalada (36), que había llegado imputado de los mencionados delitos, fue absuelto por el TOCF al considerar que «no existía la suficiente prueba para demostrar que había participado del robo de los estupefacientes», explicó a Télam fuente judicial.
El hecho ventilado en el debate ocurrió el 15 de diciembre del 2020 durante un operativo efectuado por uniformados de la policía bonaerense en el que observaron a un taxi de la provincia de Santa Fe adentrarse en el barrio Favaloro, en el partido bonaerense de San Martín.
En ese contexto, los agentes detuvieron a la mujer que conducía el vehículo y reportaron haberle incautado cuatro kilos de marihuana.
Sin embargo, tras la intervención de la justicia federal, los investigadores notaron que la sospechosa había mantenido conversaciones a través de la red social Whatsapp, donde le ordenaban trasladar hacia la provincia de Santa Fe nueve kilos del mencionado estupefaciente.
En la misma línea, los pesquisas notaron que el bolso con marihuana secuestrado por los agentes lucía «semivacío», por lo cual se acusó a siete policías de haberse robado una parte del cargamento.
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Según explicaron los voceros, la mujer que trasladaba los estupefacientes mantenía contactos con dos personas que se hallaban en distintos penales de la provincia de Santa Fe y de los cuales se cree liderarían una banda narcocriminal.
A pesar de ello, la sospechosa fue liberada debido a que se invalidó el procedimiento policial por el «irregular accionar de la fuerza».
Por otra parte, fuentes judiciales advirtieron que actualmente está siendo sometido a juicio oral Luis Alberto Blanco, el policía sospechado de brindar la información a sus pares del traslado de los nueve kilos de marihuana.
Fuente: Télam.
