La condena estuvo más cerca de las aspiraciones de la defensa que de la fiscalía que había solicitado 12 años de prisión. El defensor Damián Moreyra 8. Por la calificación legal, el delito prevé penas entre 8 y 25 años, sin embargo para exigir una sentencia mayor a 12 es necesario la intervención de un jurado popular que no fue solicitado para el juicio.
El hecho sucedió en plena cuarentena, lapso temporal en el que las fuerzas de Cipolletti acumuló varias denuncias por abuso de autoridad, cuando dos jóvenes ingresaron a una iglesia con intenciones de robar. Caumillán que vivía en un departamento contiguo al templo do y logró inmovilizar a los ladrones. Mientras pedía refuerzos, los torturó e incluso a uno de ellos llegó a meterle un objeto en el ano, se supone una tonfa.
En el proceso fue sobreseído otro efectivo de la fuerza porque los acusadores no pudieron vincularlo con el hecho. Esta situación y otros detalles del proceso sirvieron para que la jueza Florencia Caruso cuestione el proceso de investigación que estuvo a cargo de Guillermo Merlo, hoy juez de juicio.
Habló de las marcadas “deficiencias de este legajo”. Mencionó que hubo “otros escenarios no investigados” como por ejemplo el encierro de uno de los detenidos en una heladera que estaba en el patio de la Comisaría 45. Criticó que eso no se investigó y que no se realizó ninguna rueda de reconocimiento, entre otros.
Incluso en el inicio del proceso se apuntó contra otros efectivos de la fuerza que terminaron siendo testigos, pero no quedó claro la participación que tuvieron en el hecho. Es la primera vez que se juzga a un policía por torturas en la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial de Río Negro, con asiento en Cipolletti.
La fiscalía tiene en manos varias causas por el abuso de autoridad que se acrecentó notablemente desde la irrupción de la pandemia, pero que ya contaba con varios antecedentes.
Fuente: Diario Río Negro.
