Un tribunal sentenció a once integrantes de las Fuerzas Armadas a más de 34 años de prisión por un caso de desaparición forzada que conmocionó al país y expuso graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
MIRÁ TAMBIÉN | Trump designa enviado a Groenlandia y crece la tensión con Dinamarca
La Justicia de Ecuador condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores afrodescendientes, detenidos de manera irregular en diciembre de 2024 en la ciudad de Guayaquil. Días después de su captura, los cuerpos de los adolescentes fueron hallados calcinados y con impactos de bala en una zona de manglar cercana a la localidad de Taura.
El fallo judicial aceptó el pedido de la Fiscalía para la mayoría de los imputados y estableció, además de las penas de prisión, una multa de 376.000 dólares y una indemnización de 10.000 dólares para cada una de las familias de las víctimas. También ordenó que los condenados realicen disculpas públicas y que un extracto de la sentencia sea publicado en un medio de circulación nacional.
Otros cinco soldados, que se acogieron a un régimen de cooperación eficaz, recibieron condenas de treinta meses de prisión, mientras que un teniente coronel acusado como cómplice fue absuelto. Según los jueces, la Fiscalía logró demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles y abandonados en una zona considerada de alto riesgo, sin que se diera aviso inmediato a las autoridades competentes.
MIRÁ TAMBIÉN | Japón advierte que intervendrá si el yen sigue cayendo
El caso se originó el 8 de diciembre de 2024, cuando los militares detuvieron a cuatro adolescentes tras una supuesta denuncia por robo. En lugar de entregarlos a la Policía, los trasladaron fuera de la ciudad, los obligaron a desnudarse y los dejaron abandonados. La autopsia posterior confirmó que al menos tres de ellos presentaban heridas de bala.
Esta sentencia constituye el primer fallo por violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. Organizaciones sociales consideran el veredicto un precedente clave para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas. Tras conocerse la decisión, familiares y vecinos se manifestaron frente al juzgado celebrando el fallo al grito de “justicia”.
Fuente y foto: EFE
