La Justicia Federal resolvió el caso en menos de tres meses mediante un juicio abreviado. Los acusados ingresaron al país desde Bolivia en una avioneta con matrícula adulterada y trasladaban 30.500 dólares.
Dos pilotos extranjeros fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ingresar de manera ilegal a la Argentina en una avioneta sin habilitación, con matrícula adulterada y con el contrabando de 30.500 dólares. La aeronave había aterrizado de forma clandestina en un campo de Estación Díaz, localidad santafesina, el pasado 3 de junio.
Los condenados son Milton Carlos Arévalo Estrada (53), de nacionalidad peruana y con residencia en Bolivia, y Mikjail Zabala Rodríguez (31), boliviano, con residencia irregular en Argentina. Además de la prisión, recibieron la inhabilitación para conducir aeronaves por cuatro años una vez cumplida la pena.
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La Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo de Gustavo Onel y con el coadyuvante Gastón Theler, resolvió el caso en menos de tres meses a través de un procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal Federal. El acuerdo fue homologado por el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodrígues da Cruz.
La investigación
El operativo incluyó el análisis de los celulares de ambos pilotos y el GPS de la aeronave, donde se hallaron conversaciones, coordenadas y registros georreferenciados que permitieron reconstruir la ruta desde Bolivia hasta Santa Fe, con una escala en Buenos Aires.
Si bien en un primer momento se sospechó de tráfico de estupefacientes, no se encontraron pruebas que confirmaran esa hipótesis.
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Los delitos comprobados
Los acusados fueron condenados como coautores por:
- Contrabando de importación agravado.
- Conducción de una aeronave sin habilitación y con matrícula adulterada.
- Cruce de la frontera nacional por lugares no autorizados.
El juez también ordenó el decomiso de la avioneta, los 30.500 dólares y distintos elementos incautados, entre ellos teléfonos celulares, un GPS, combustible, un cargador de pistola con proyectiles y una antena satelital.
En su acusación, la fiscalía remarcó que las maniobras representaron un riesgo concreto para la seguridad aérea, de terceros y del propio Estado, evidenciando una planificación detallada y coordinada.
