El ex funcionario provincial y su esposa habían sido hallados culpables del delito de enriquecimiento ilícito. El primero en carácter de autor y la mujer como interpósita persona. Barbato está cumpliendo una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y costas. La pena contra Perrone fue la de dos años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación para ejercer cargos públicos y costas.
La víctima o el perjudicado fue la Administración Pública Provincial y la investigación y toda la persecución penal durante el complejo proceso, fue llevado adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública Provincial, que conduce el fiscal general Omar Rodríguez.
La defensa de ambos imputados había cuestionado como prueba un informe contable realizado por profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, además de afirmar que no había quedado determinada la cifra exacta del enriquecimiento ilegal del matrimonio.
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Para los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, estos argumentos no fueron fundados y que ya fueron sometidos al “control amplio del doble conforme”.
El rechazo a los planteos en esa instancia superior realizó el defensor de Barbato y Perrone, fue rubricado por los jueces Daniel Báez y Alejandro Panizzi.
