Corea del Sur se convirtió este jueves en el primer país del mundo en implementar formalmente una legislación integral para regular el uso de la inteligencia artificial (IA). La norma, conocida como Ley Básica de IA, establece obligaciones específicas para empresas tecnológicas, con especial foco en la identificación de contenidos generados por sistemas automatizados y en el control de los llamados deepfakes.
La nueva ley exige que las compañías informen claramente a los usuarios cuando un producto o servicio utilice IA generativa. Además, dispone que todo contenido que pueda confundirse con material real, como imágenes, videos o audios alterados, debe estar correctamente etiquetado. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 30 millones de wones, equivalentes a unos 20.400 dólares.
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El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, celebró la entrada en vigor de la normativa y ratificó el objetivo estratégico del país: posicionarse entre las tres principales potencias globales en inteligencia artificial, junto a Estados Unidos y China. En ese marco, el gobierno anunció que triplicará la inversión pública en IA durante 2026 para fortalecer la infraestructura tecnológica y acelerar la innovación.
La legislación establece diez ámbitos sensibles sujetos a mayores exigencias de transparencia y seguridad, entre ellos la energía nuclear, la investigación criminal, la evaluación crediticia, la educación y la atención médica. Funcionarios del gobierno admitieron que existen temores por un posible impacto negativo de la regulación sobre la innovación, aunque remarcaron que el marco legal podrá adaptarse de acuerdo con la evolución tecnológica.
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El debate global sobre la regulación de la IA se intensificó en los últimos meses tras la proliferación de deepfakes y el uso indebido de chatbots, incluidos casos vinculados a la salud mental de adolescentes. Mientras la Unión Europea avanza con su propia ley de forma gradual, Corea del Sur se posiciona como pionero al aplicar un sistema integral que busca equilibrar desarrollo tecnológico, seguridad y protección de derechos.
Fuente: AP.
