Autoridades de Costa Rica allanaron este lunes la Casa Presidencial y las sedes de varios organismos estatales, y detuvieron por lo menos a dos propietarios de empresas constructoras en un operativo destinado a desmantelar una supuesta red de sobornos a cambio de obras públicas.
En la operación, encabezada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se efectuaron 57 allanamientos a entidades estatales y domicilios particulares, y fueron detenidos 28 sospechosos, entre ellos dos dueños de sendas constructoras.
Según informaron, se presume que la red malversó una suma equivalente a 125 millones de dólares entre 2018 y 2020.
Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Además de la Casa Presidencial, fueron allanadas otras trece instituciones estatales, entre ellas el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público.
Al respecto, el director del OIJ, Walter Espinoza, informó: «identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas».
«Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos», agregó el funcionario.
Además, Espinoza explicó que «hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento, desarrollo y construcción de carreteras».
Para finalizar, el director del OIJ indicó que «esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares», y detalló que entre los favores se incluyen autos, terrenos y, dinero en efectivo.
