Los Ministerios Públicos del país firmaron un acta compromiso en Resistencia y Rawson. El organismo reunirá información de todas las provincias para orientar la política criminal sobre jóvenes en conflicto con la ley penal.
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal acordaron crear el Observatorio del Régimen Penal Juvenil (Observatorio RPJ). El acta compromiso se firmó el 14 de septiembre de 2026 en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut).
El documento fue suscrito por los presidentes de ambas entidades, Jorge Omar Canteros y Jorge Luis Miquelarena. Según se informó, la iniciativa responde a una estrategia de «federalismo de concertación», pensada para resolver las diferencias de información que afectan al sistema de justicia.
El Observatorio nace para hacer frente a la dispersión normativa y operativa que debilita la respuesta del Estado ante el delito juvenil. Tomará como referencia al Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, con el objetivo de que la persecución y la defensa se apliquen con criterio de especialidad y uniformidad técnica en todo el país. Al quedar dentro de la estructura de la política criminal federal, estará protegido de los cambios coyunturales y funcionará como una política de Estado.
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Dependerá directamente de los Consejos firmantes. Se designará una dirección, y se prevé que comience a funcionar en el primer trimestre de 2027. Además, cada provincia y jurisdicción será invitada a nombrar representantes jurídicos y técnicos. Será un órgano consultivo interno de los Ministerios Públicos, con la meta de pasar de una justicia reactiva a una política criminal basada en evidencia.
Para llegar a todo el territorio, se pondrá en marcha la Red de Referentes del Observatorio RPJ, que actuará en tres fases. Primero, cada Ministerio Público provincial designará a sus enlaces. Después se estandarizarán los canales de reporte, con protocolos técnicos para que la información llegue al nodo central sin distorsiones. Por último, se realizará el primer relevamiento federal, una consulta nacional sobre los recursos disponibles que derivará en el primer informe de recursos institucionales.
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El eje del organismo será la gestión del conocimiento, que abarca la recepción, el procesamiento, el análisis, la reflexión y la difusión de datos. La idea es coordinar a los especialistas locales y transformar datos aislados en información útil para tomar decisiones estratégicas.
Al contemplar las diferencias entre provincias, las recomendaciones apuntarán a ajustarse a las capacidades y los desafíos de cada una. Detectar los déficits en la red de especialistas y en la infraestructura permitirá, según el texto del acuerdo, optimizar la asignación de presupuesto y recursos, con una respuesta especializada y respetuosa de los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
