La pesca en Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Mientras en Mar del Plata el puerto se encuentra paralizado por un conflicto gremial que impide el inicio de la zafra del langostino, el reparto de cupos de merluza negra está siendo investigado por la Justicia federal, con denuncias de coimas y arbitrariedades en el Consejo Federal Pesquero.
El juez Ariel Lijo está a cargo de la causa en los tribunales de Comodoro Py, donde la empresa Prodesur S.A., con patrocinio de Fernando Burlando, denunció que fue excluida ilegalmente de los cupos de pesca por no haber pagado sobornos. Según la denuncia, funcionarios habrían recibido “importantes sumas de dinero en dólares” para beneficiar a un grupo reducido de empresas.
En paralelo, la crisis económica golpea con fuerza al sector: el precio del langostino cayó un 50% en el mercado internacional, y la industria pierde cerca de 200 millones de dólares en exportaciones, mientras que el Estado dejó de percibir otros 15 millones en retenciones.
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Pese a un principio de acuerdo parcial, el segmento congelador sigue en huelga, lo que impide retomar la actividad. La Iglesia local intervino con un pedido urgente de diálogo y recordó las palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, sobre la dignidad que otorga el trabajo.
En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la concentración de las cuotas pesqueras en pocas manos genera malestar. La empresa china Prodesur, excluida de la cuota 2025-2039, acusa al Consejo de no haber llamado a oferta pública y de haber cartelizado el mercado.
El sistema de cuotificación instaurado en 2009 siempre fue criticado por su falta de transparencia, pero esta es la primera vez que llega a la Justicia con una denuncia de este calibre. Además, se teme que el conflicto se extienda también al reparto de la merluza común, lo que podría agravar aún más la situación del sector pesquero nacional.
Fuente: Noticias Argentinas.
