La defensa de la ex presidenta presentó un recurso de queja para revertir la obligación de registrar visitas y el uso de una tobillera electrónica, mientras avanza la discusión por el decomiso de bienes millonarios.
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La causa “Vialidad” volvió a concentrar la atención judicial tras la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. El planteo busca anular dos medidas impuestas en el marco de su prisión domiciliaria, dispuesta luego de la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El cuestionamiento se centra en la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, que en junio estableció la colocación de una tobillera electrónica en el domicilio de la ex mandataria, además de la obligación de informar una lista de personas autorizadas a ingresar sin autorización judicial. Cualquier otra visita debe solicitar un permiso previo, lo que la defensa considera una restricción indebida.
La Cámara Federal de Casación Penal ya había rechazado el recurso, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky se pronunció en disidencia a favor de levantar las medidas. Frente a esta negativa, el equipo legal de Fernández de Kirchner recurrió al máximo tribunal, al mismo tiempo que presentó un escrito recusando a los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por presunta parcialidad y por la “inusual rapidez” en la tramitación del expediente, resuelto en apenas 40 días hábiles frente a un promedio de 700.
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En paralelo, la defensa también litiga sobre el decomiso de bienes establecido en el veredicto condenatorio de diciembre de 2022. El TOF 2 fijó una suma inicial de $84.000 millones, actualizada hoy en cerca de $600.000 millones, lo que los abogados calificaron como una decisión “sin fundamentación” y de “aplicación errónea de la ley”. La Sala IV de Casación convocó a una audiencia para el 11 de septiembre, en la que se discutirán las impugnaciones vinculadas a este punto.
Más allá de estas apelaciones, la condena de la ex presidenta quedó firme en junio de este año, cuando la Corte Suprema ratificó la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ahora, los nuevos recursos definirán el alcance de las condiciones de su arresto domiciliario y el futuro de los bienes alcanzados por el decomiso.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
