Desde el Colectivo LGBTBQ+ de Puerto Madryn preparan un pedido de informe para conocer cómo se aplica la Ley XXV N° 65, que establece un cupo mínimo del 3% en los planes habitacionales y créditos otorgados por el Estado provincial. Advierten que los requisitos de adjudicación podrían dificultar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad.
La integrante del Colectivo LGBTBQ+ de Puerto Madryn, Daniela Bergerat, confirmó que en los próximos días presentarán un pedido de informe al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para conocer cómo se está implementando la Ley XXV N° 65.
La normativa establece que un 3% de las viviendas y créditos habitacionales otorgados por la Provincia debe estar destinado a personas transgénero, transexuales y travestis.
Bergerat explicó que el principal interrogante no está en la inscripción, sino en los requisitos exigidos al momento de la adjudicación. Según señaló, se estarían solicitando condiciones similares a las de un crédito hipotecario, incluyendo la presentación de codeudores.
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“Muchas personas trans trabajan en la informalidad y no tienen forma de justificar sus ingresos. Además, muchas están solas y tampoco tienen posibilidades de conseguir garantes o codeudores”, sostuvo.
Desde el colectivo buscan determinar si el cupo implica solamente reservar el 3% de las viviendas o si también contempla las situaciones de vulnerabilidad económica y social que atraviesa parte de la población trans.
Otro de los puntos que pretenden conocer es cuántas personas trans se encuentran actualmente inscriptas y cuántas viviendas fueron adjudicadas bajo esta normativa.
Bergerat indicó que, desde la sanción de la ley en 2023, el IPV habría entregado cinco viviendas a personas trans en toda la provincia.
En Puerto Madryn, donde se prevé la entrega de 114 viviendas, estimó que unas tres corresponderían al cupo del 3%.
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La referente remarcó que la dificultad aparece especialmente cuando se deben acreditar ingresos provenientes de trabajos informales.
“Una persona que trabaja en la calle o que vive el día a día no puede justificar sus ingresos de la misma manera que alguien que tiene un empleo registrado”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo del cupo debería ser garantizar el acceso a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
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“Somos una comunidad vulnerable en muchos aspectos, pero lo económico golpea mucho más a la comunidad travesti y trans. La ley busca ayudar a la población vulnerable, no solamente a quienes tienen mejores condiciones para acceder a una vivienda”, afirmó.
Desde el colectivo señalaron que están terminando de revisar algunos aspectos legales del documento y prevén presentarlo antes del 10 de septiembre.
El objetivo es obtener respuestas concretas del IPV y avanzar posteriormente en reuniones con las autoridades, especialmente ante la proximidad del próximo sorteo de viviendas en Puerto Madryn.
